El dilema lo planteó el Gobierno ecuatoriano hace un año y se ha convertido en un acertijo ético para tiempos de globalización, crisis energética y deterioro ambiental. ¿Debe Ecuador explotar el crudo que yace bajo uno de los últimos rincones vírgenes de la cuenca amazónica? ¿Está la comunidad internacional dispuesta compensar al país por los ingresos que dejaría de percibir si deja el terreno como ésta?
Fue en junio de 2007 cuando el presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció que su país renunciaba a extraer los yacimientos de petróleo de un sector del Parque Nacional Yasuní siempre que el resto de estados pagara a Ecuador por no hacerlo.
Esa zona al pie de los Andes es uno de los puntos del planeta con mayor número de especies por metro cuadrado y en 1989 fue declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Lo que es de todos, planteaba Correa, debe ser protegido por todos. Daba por hecho que la apertura de carreteras y la actividad extractiva contaminarían y destruirían Yasuní.
Alemania y Noruega dieron tímidas muestras de apoyo. España fue más allá y, en agosto de 2007, por medio de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, de visita oficial en Ecuador, adelantó cuatro millones de dólares para los primeros estudios del proyecto.
Desde entonces poco se ha sabido de la singular propuesta. Ecuador ha puesto de plazo final de 2008 para recibir respuesta. La idea ha ido languideciendo y los ambientalistas temen que la zona acabe explotándose y que la oferta fallida le sirva a Correa para matar la mala conciencia por permitirlo.
Ahora, ONGs y líderes locales quieren están revitalizando la iniciativa. Tras visitar Luxemburgo y Londres, y camino del Parlamento Europeo, se presentaba la semana pasada en Madrid la campaña Yasuní Oro Verde. Los promotores de este movimiento civil pretenden que Ecuador aclare los términos ambiguos de su propuesta y que el resto de países dé una respuesta acorde a la dimensión ética del reto.
El impulsor de la campaña, el español Ginés Haro, ha editado un libro para dar a conocer los valores que se pueden perder en Yasuní, que es un punto caliente de biodiversidad dentro del ya rico entorno amazónico.
Esa abundancia tiene raíces evolutivas. Durante los periodos glaciares, los cambios de clima hicieron desaparecer muchas especies en el Amazonas. Pero algunos rincones mantuvieron las mismas condiciones y sirvieron como islas de refugio desde las que la flora y la fauna ganaron terreno otra vez.
Yasuní es una de esos reservorios genéticos donde en una hectárea se han clasificado hasta 400 tipos de árboles, más de los que existen en algunos países de Europa. Puesto que en el trópico las especies se multiplican exponencialmente en cada nicho ecológico, el volumen de la riqueza biológica des abrumador. Según Ginés Haro «en un árbol hay más especies de hormigas que en Inglaterra».
Pueblos indígenas
Además, en Yasuní habitan pueblos indígenas que permanecen voluntariamente aislados, como los huaorani, los shuar y los kichwas. Muchos han muerto o han sido desplazados por la actividad petrolera, que empezó a mediados del siglo XX.
Anita Rivas, alcaldesa del municipio de Orellana, que agrupa a los 60.000 habitantes de la zona, denunció en Madrid que el petróleo «ha traído deforestación, desplazamientos, contaminación y enfermedades a la provincia, que a pesar de ello es la segunda más pobre del país».
Rivas denuncia que en la comarca, situada en la cuenca alta del Amazonas, junto a afluentes como el Napo y el Pastaza, los vertidos de petróleo son constantes. Se trata de un crudo pesado, más tóxico, y cuya extracción provoca la salida de un volumen de agua contaminada 10 veces mayor. Recordó que grandes áreas de Yasuní ya están siendo explotadas por multinacionales.
Porque en realidad, lo que ofrece la propuesta de Correa es dejar sin tocar las últimas 700.000 hectáreas (un tamaño igual a la provincia de Orense), «el corazón más salvaje y vivo del parque» como explicó Rivas.
El ministro embajador de Ecuador en España, Santiago Apunte, explicó a elmundo.es los términos exactos de la propuesta de Correa. Se calcula que el bloque ITT, como se llama la zona a explotar de Yasuní, ofrecería 700 millones de dólares anuales de beneficios durante 10 años. Ecuador propone que un fondo fiduciario le entregue 350 millones de dólares anuales durante una década. O sea, la mitad del lucro cesante.
Pero en su oferta, Correa se reservaba poder explotar Yasuní en el futuro, devolviendo para ello el hipotético dinero recibido. La campaña Yasuní Oro Verde apoya la propuesta, pero quiere mejorarla. Piden a Ecuador que la protección sea ilimitada y no tenga vuelta atrás. Además, demandan que se escuche a las comunidades locales y pueblos indígenas. Y que el Gobierno aclare a qué destinará el dinero, que debería revertir en usos sostenibles en la zona.
Ginés Haro lanza una pregunta: «¿Merece la pena destruir Yasuní cuando sus reservas estimadas de petróleo equivalen al consumo mundial de unos cinco a 11 días?». La ecuatoriana Anita Rivas lanzó además un mensaje a los ciudadanos occidentales: «Que ahorren combustible. Cuando gastan petróleo, no ven el daño que su extracción provoca en nuestra tierra».
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